José Montilla ha lanzado otro nuevo órdago al Estado: el Consell de Garanties Estatuaries, una especie de Tribunal Constitucional sólo para Cataluña en el que un grupo de jueces nombrados a dedo por el Gobierno catalán y los partidos con representación en la región dictaminarán la aplicación correcta de las leyes. En definitiva, las decisiones de la justicia en Cataluña estarán teledirigidas desde la política y desde el mismo Palacio de la Generalitat. ¿Dónde queda, con la creación de este organismo, la independencia de la Justicia en Cataluña? ¿Para eso quieren el nuevo Estatuto, para tenerlo todo atado y bien atado? Cada vez queda más claro que el texto, sobre el que el verdadero Alto Tribunal lleva más de tres años sin dictar sentencia y ante el mutismo del Gobierno, no está pensado en beneficio de los ciudadanos, sino tan sólo para satisfacer los intereses particulares de la clase política de Cataluña.
Antonio Peiró. Lérida.
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